La certeza de nuestros clientes sobre el trabajo jurídico seguro y preciso ha hecho del despacho una referencia en la defensa de las grandes empresas que contratan con la administración y gestores públicos ante el Tribunal de Cuentas de la Federación (TCU), Tribunales de Cuentas Estatales y Municipales, Contraloría General de la Unión ( CGU), agencias reguladoras (ANTT, ANM, ANAC, ANA, ANTAQ y ANVISA) y Ministerios.

Nuestra diferencia está en anticiparnos a los riesgos y ofrecer estrategias jurídicas innovadoras y personalizadas, a través de soluciones multidisciplinarias, con la participación de consultores altamente calificados en los más diversos segmentos: economía, infraestructura, ingeniería, medio ambiente y comercio exterior.

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN (TCU):

Actuamos ante el Tribunal Federal de Cuentas (TCU), en defensa de empresas de sectores económicos relevantes que celebran contratos con la administración pública, orientándolas desde la fase precontractual para mitigar riesgos, hasta la eventual defensa en fiscalización y toma de procedimientos. de billetes.

También promovemos la defensa de actos atribuidos a directivos públicos y agentes políticos que desempeñaron cargos estratégicos: ex Presidentes de la República, Ministros de Estado, Gobernadores, Alcaldes y Ejecutivos de empresas públicas y de economía mixta.

Se destaca la actuación de la oficina en casos de gran relevancia ante el Tribunal de Cuentas de la Federación (TCU) en auditorías y Contabilidad Especial (TCE):

PROCESOS SANCIONADORES ADMINISTRATIVOS:

Nos especializamos en la defensa de las empresas y sus representantes en procesos administrativos sancionadores, auditorías, inspecciones, procedimientos investigativos, en Términos de Ajuste de Conducta (TAC), Procesos Administrativos de Responsabilidad (PAR), Procesos Disciplinarios (PAD).

DESHONESTIDAD ADMINISTRATIVA:

Tenemos experiencia en la defensa de agentes públicos y de personas físicas (personas naturales o jurídicas) en procesos complejos de improbidad administrativa, con el objetivo de evitar sanciones de pérdida de patrimonio, reembolso al erario público, pérdida de función pública, suspensión de derechos políticos, pago de multas y prohibición de contratar con las Autoridades Públicas”.